
La autoridad Nacional de los Servicios Públicos Armando Fuentes no representa los intereses de los usuarios en el cuestionado caso de la planta de generación termoeléctrica a base de gas licuado, a construir por la empresa Panama NG Power, que hasta la fecha no a iniciado operaciones por incumplimiento de una serie de requisitos indispensable para su desarrollo.
Para este caso el funcionario asumió una conducta abusiva e irresponsable al prorrogar el contrato de suministro de potencia y energía eléctrica a una empresa que no cumple con trámites correspondientes por ley y cuya Licencia Definitiva está vencida.
Conducta irresponsable de Armando Fuentes impactará en el costo de la electricidad
La inobservancia de Armando Fuentes de no cumplir su función de aplicar las sanciones correspondiente al caso, como cancelar la licencia a la empresa constructora, pone en riesgo la economía del país, pues esta situación impactará de manera severa en el costo de la electricidad, según estudio realizado por la empresa de Transmisión Eléctrica S.A (ETESA).
También Fuentes incurre en el delito contra la Administración Pública, pues se ha negado a cumplir con su deber como servidor público, al no proceder con la cancelación de la licencia Definitiva otorgada a favor de Panama NG Power.
Acción que generaría beneficios a terceros por encima de los intereses de los consumidores a quienes por ley el Administrador General de los Servicios Públicos les debe lealtad y está obligado a proteger sus intereses.
Representante de la ASEP no cumple con normas legales
Armando Fuentes lo contrario a ordenar, como corresponde, la cancelación de la Licencia Definitiva a NG Power, cometiendo omisión a su deber, prorrogó los a favor de esta empresa cuando su licencia ya perdió vigencia legal, es por esta acción que incurre en el delito de abuso de autoridad.
Legalmente este tipo de acción no se puede realizar según la legalidad que regula y obra en el mercado de generación eléctrica del país, tal como ocurrió en este caso por acción directa de Armando Fuentes.
Por esta razón el abogado también solicitó que se observen estos hechos de especial importancia para la jurisdicción penal, ya que pueden traer consecuencias legales, es decir puede llevar al estado a enfrentar una demanda que afecte de manera directa a sus ciudadanos.
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